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La polémica actual sobre el traslado a Cataluña de los documentos de la Generalitat
conservados en el Archivo Histórico Nacional -sección Guerra Civil, en
Salamanca- debería obligarnos a españoles en general y madrileños en
particular a reflexionar seriamente sobre el valor que le damos al
Patrimonio Histórico (en adelante PH). En este caso particular, y como
se decía en el siglo XIX, las "pasiones políticas" se imponen al
interés común. O para ser más claro, ciertos gobernantes apoyados por
un puñado de expertos prefieren poner los intereses del grupo al que
pertenecen -en este caso la comunidad nacionalista catalana- por encima
de los intereses culturales del conjunto de la ciudadanía española. No
discutiré aquí si esta medida es legítima o no desde el punto de vista
político, que lo es, pero cuestiono mucho que lo sea desde el punto de
vista científico.
Poco se ha reflexionado en nuestro país sobre
el papel que ha desempeñado el PH en definir nuestras identidades
culturales y políticas, y prueba de ello es que es un tema que apenas
se trata en los libros de Historia (nada que ver comparado con nuestro
vecino francés). Si aún así leemos la escasa bibliografía existente
sobre el tema descubriremos que hay la suficiente perspectiva histórica
para afirmar que las medidas políticas que se van a tomar con los
"papeles de Salamanca" no son ni correctas ni progresistas. Recurriré a
algunos ejemplos. Para empezar, los pocos españoles que desde el siglo
XIX lucharon por conservar el PH lo hicieron por un afán científico que
luchó por imponerse al desinterés de la gente común (más interesada por
sobrevivir al día a día) o al afán de gobernantes interesados de
arrasarlo por razones ideológicas. Un hecho además poco conocido pero
sorprendente es que fueron los políticos progresistas quienes más se
afanaron durante el siglo XIX por destruir PH, sobre todo el religioso,
asociado con el Antiguo Régimen y al que había que reemplazar por
edificios y actividades "modernas". Y continuando con la paradoja,
fueron los políticos conservadores quienes en 1844 pusieron en marcha
un primer sistema de protección y gestión del PH -bien es cierto que
muy imperfecto- basado en Comisiones Provinciales de Monumentos.
Uno
de los más ilustres de aquellos comisionados fue precisamente un
catalán, Próspero Bofarull, quien entre 1844 y 1849 organizó y abrió en
Barcelona uno de los principales archivos históricos nacionales: el
Archivo General de la Corona de Aragón. Bofarull rescató para el futuro
una ingente masa documental que hasta entonces sólo había interesado a
un reducido grupo de políticos y archiveros a los que se añadirían a
partir de entonces la tampoco mucho mayor comunidad de investigadores.
Pues bien, el affaire Salamanca parece que está animando a los
actuales jerarcas autonómicos de Valencia y Baleares, tan del viejo
Reino de Aragón como los catalanes, a exigir también la devolución de
"sus" documentos históricos, a pesar de que hasta precisamente ahora
habían demostrado un muy escaso interés por los mismos.
Ese
"escaso interés" se explicaba por dos causas. La primera es que la
mayor parte de la sociedad española, políticos incluidos, tenía escasa
educación y necesidades más perentorias -el desarrollo económico por
ejemplo- para interesarse por asuntos tan de alta cultura como la
documentación de archivo. La segunda era la existencia de un estado
centralista que igualmente centralizaba la mayor parte de los objetos
culturales en una serie de puntos elegidos, especialmente Madrid y las
capitales de provincia. Así se facilitaba su acceso a los pocos
eruditos y masas educadas de antaño que habitaban generalmente en las
ciudades.
Este proceder era lógico durante el siglo XIX y gran
parte del XX; al fin y al cabo la tecnología de reproducción y
transporte era muy limitada, y la única manera de poder ofrecer al
público mucho del PH español era acumularlo. Nuestra España actual es
muy distinta. Nuestra tecnología y nivel cultural son avanzadísimos y
alcanzan a la mayor parte de la sociedad, lo que combinado con el
tradicional deseo de las regiones españolas por autogobernarse da como
resultado el tener un Estado descentralizado. En efecto, el
autogobierno regional sería inconcebible sin un pueblo culto del que
salieran funcionarios que se hicieran cargo de la complejidad del
estado actual ni una tecnología de transportes y comunicaciones que
permitiera la coordinación de las 17 Comunidades Autónomas. Y como esto
ya se ha conseguido, ahora los políticos pueden dirigir su mirada a
aspectos "menores" como el PH.
Y, por desgracia, como
desconocemos la historia de las penurias de nuestro patrimonio,
volvemos a caer en el pozo de las "pasiones políticas". En vez de
aprender del pasado y de aprovecharnos de nuestra perspectiva
científica, cada vez más políticos ven en el PH una "moneda de cambio".
De poco vale argumentar que hoy el Archivo de la Guerra Civil es una
colección documental perfectamente organizada, y que la propia Generalitat
tenga reproducciones de todos los documentos que hay en Salamanca.
Tampoco parece hacer mella la certeza de que al ritmo actual de
digitalización no tardará en llegar el día en que cualquier
investigador podrá acceder a esa documentación vía Internet, con lo que
la localización física del documento original será irrelevante. Todo
esto son minucias para los políticos nacionalistas catalanes -y para
los políticos nacionales que pactan con ellos- que exigen la devolución
de un patrimonio que consideran suyo y de nadie más. Incluso afirmaría
que lo que ven en los papeles de Salamanca no es sino como el símbolo
de un autogobierno perdido, convertido en botín de guerra por los
vencedores de la Guerra Civil (castellanistas y centralistas, para más
inri), a los que ahora se les tiene la oportunidad de humillar.
Y
lo peor no es que hayamos asimilado las lecciones del pasado sino que
estamos abriendo una peligrosa caja de Pandora que si a alguien tiene
que hacer temblar es a la ciudad de Madrid. Es más que probable que la
antigua beneficiaria de la centralización de la cultura española se vea
pronto bombardeada por peticiones de regiones "perjudicadas" que de
repente hayan visto la luz de la cultura. Si el gobierno regional
quiere hacer una buena inversión cultural, más vale que vaya preparando
a sus gestores para convencer a las restantes comunidades autónomas de
que mucho del PH que alberga su territorio no provino del robo
perpetrado por unos egoístas centralistas sino del resultado de la
única política cultural posible en la España (y Europa) pobre de
entonces. Ningún madrileño de bien defendería hoy esa política, pero
para bien o para mal Madrid se convirtió con los siglos en un precioso
y bien organizado depósito cultural, tan precioso y bien organizado
como el propio Archivo de la Guerra Civil. El acceso a este patrimonio
es hoy además sencillo para casi todos: los viajes a Madrid son
asequibles, y las reproducciones digitales como ya dije harán incluso
innecesarios los traslados. No hay, como en el caso salmantino, ni
justificación cultural ni tecnológica para desmantelar las colecciones
madrileñas. Tampoco creo que haya justificaciones políticas, pero
conozco el pasado lo suficiente como para creer que aún hay
ultraliberales que como los del siglo XIX destruirían el PH creyendo
ingenuamente que así contribuyen al progreso de nuestra sociedad. |
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